La obstinada potencia de la descolonización

Raúl Zibechi

Alainet

No es fácil encontrar un presidente que pida disculpas en público ante su pueblo, por las razones que sean, y menos aún cuando a los que solicita el perdón se oponen a un proyecto defendido con vehemencia por la máxima autoridad. Evo Morales es el único presidente que lo ha hecho en los últimos años, que yo sepa.

No es fácil encontrar un movimiento popular capaz de movilizarse con energía en defensa de un modo de vida que se está extinguiendo en el mundo, y de hacerlo incluso contra un gobierno presidido por alguien de su propia sangre, al que consideran hermano.

Es evidente, el propio gobierno lo reconoció, que la represión contra quienes defienden el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue una decisión equivocada y una acción criminal. La población boliviana no está dispuesta a tolerar represión y muerte. Fue la masacre del Porvenir, en Pando en 2008, la causa de la derrota de la oligarquía cruceña. La población no tolera la violencia del Estado. Fueron demasiadas represiones en muchos años, desde la última de 2003 que se cobró 75 vidas en dos días, hasta las no tan lejanas de los 70 en las que los muertos se contaban por centenares.

Esa conciencia anti-represiva es una buena señal que Evo, y quienes apoyan su proyecto, podrían tomar como punto de partida para enderezar el proceso, porque esa misma población no está dispuesta a ser juguete de la derecha ni del imperio, como lo demostró de sobra por lo menos desde la Guerra del Agua en abril de 2000, en Cochabamba.

Es inocultable que hay intereses oligárquicos y multinacionales que se frotan las manos ante el conflicto en torno al TIPNIS, y hasta se tiñen de ambientalistas para promover distancias entre gobierno y movimientos. Es oportunismo y es síntoma de una derrota histórica infligida por esos mismos movimientos. La derecha boliviana no tiene espacio ni aire y sólo respira cuando el gobierno se equivoca, como lo hizo en diciembre cuando el “gasolinazo” y ahora con la represión en Yucumo.

También es evidente que la dichosa carretera interesa más al expansionismo brasileño que a la propia Bolivia. Nótese que algunos de los más importantes movimientos en la región, como el de Puno contra la minería y las hidroeléctricas y como el que defiende el TIPNIS, están enfilados contra proyectos de las multinacionales brasileñas financiadas por el BNDES. La misma lucha en Brasil enfrenta las represas de Belo Monte y del río Madera. Lo que menos necesitamos es debatir a quién beneficia cada acción: si a la derecha y el imperio o al subimperio y la burguesía paulista.

El fondo de la cuestión es el camino que desean transitar los pueblos que habitan Bolivia. Y esta es la cuestión más difícil, la más espinosa y la que menos estamos debatiendo. ¿Acaso alguien puede ignorar que el Buen Vivir y la no explotación de la naturaleza impedirá el acceso al consumo a grandes sectores de la población? ¿Es posible combinar una política no desarrollista, con bajo crecimiento económico, con una mínima satisfacción de las necesidades de alimentación, salud y educación de toda la población?

Es evidente que no tenemos respuestas, porque sencillamente no sabemos; y no sabemos porque damos por sentado que no hay vida más allá del modelo basado en el crecimiento económico. Podemos elegir la austeridad para sostener un proyecto de cambios, pero esa opción debe pasar por un debate sincero que no puede ser protagonizado por los sectores acomodados e ilustrados de las clases medias, que no son austeras ni están por fuera del consumo. Ese debate deben orientarlo los de más abajo, los que hasta ahora no tienen la vida resuelta, porque son los y las que pusieron el cuerpo contra el neoliberalismo y porque son quienes más tienen para perder si los procesos de cambio se desmoronan.

Hace falta voluntad política, y cierta audacia, para encarar esos debates y no dar por sentado que los tecnócratas de arriba ya saben lo que se necesita. La ventaja de Bolivia es que hay un presidente capaz de pedir perdón y, sobre todo, movimientos de los diversos abajos que saben lo que no quieren y están dispuestos a dar la vida para evitarlo. No sabemos, sin embargo, cómo es el Buen Vivir aquí y ahora, y eso debemos reconocerlo por una cuestión ética y porque sólo así es posible enriquecer los debates.

Convocar un referendo, como anunció Evo, en los departamentos de Beni y Cochabamba, donde está el TIPNIS, es la mejor forma de evitar debates de fondo. El problema es que abrir un proceso de debates, que no de negociación, requiere mucho tiempo, pero ese es el costo que una sociedad debe estar dispuesta a pagar para resolver cómo y por dónde.

La disputa entre movimientos y gobierno, que en Bolivia se va a mantener largo tiempo, es la mejor noticia incluso para los gobernantes que quieren cambios de verdad y no sólo estar aferrados a un cargo. No fue la “lucidez” de los cuadros, siempre blancos y tecnócratas, ilustrados y bien hablados, lo que cambió América Latina en la década oscura del neoliberalismo sino la acción cotidiana de las gentes del color de la tierra. Pensar que son buenos para poner el cuerpo pero no para conducir, sería reproducir los modos coloniales que son, precisamente, lo que pretendemos remover.

Decir Bolivia, aún hoy, es decir que todavía es posible que los de más abajo decidan. En el acierto o en el error. ¿No es esa la descolonización?

Raúl Zibechi es periodista uruguayo, docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

Fuente: http://alainet.org/active/49763

La maldición de la violencia

La maldición de la

violencia

Extractivismo al desnudo

Alberto Acosta

 

“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del

poder y lo peor del capitalismo de frontera”.

Michael J. Watts

 

Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores delTerritorio y Parque Nacional IsiboreSécure(TIPNITS), optó por la represión. Desplegando una inusitada violencia policial se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera, financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNITS para facilitar la explotación de yacimientos petroleros.Y, de paso, ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.

La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar:

“Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Éste gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación”.

Seguramente serán muchas las (sin)razones oficiales para explicar dicho acto violentoque nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentes en una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la

Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales. Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales.

Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales.Estos paísesestarían atrapados en la lógica perversa de

 

Violencia y autoritarismo de la mano del extractivismo

La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los

gobiernos. Basta ver la represión enYukumo, Bolivia,por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o lase produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007.

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Inclusive hay una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política.Eso explica porque los gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización pasadista

…

Estas actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de

tierras, etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo,se conforman empresas extractivistas en las participan grupos indígenaspara explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede ahora en el Bloque Armadillo en Ecuador, en donde -constitucionalmente- está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas.

La violencia incluso aflora afora también, cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador,criminalizan la protesta popular que emerge en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de

En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo.

Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a Libia parece que van también en esa dirección.

Esta violencia casi innata a esta maldición de la abundancia está vinculada, con mucha frecuencia, a regímenes autoritarios. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables, depredadora en esencia,es posible atropellando a ciertos segmentos de la población en beneficio de la colectividad y para lograr el desarrollo, al decir de los gobernantes.

Los masivos ingresos obtenidos han permitido el surgimiento de Estados paternalistas y autoritarios, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera, así como a su capacidad de imponer nuevos proyectosextractivistas supuestamente indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía; proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían para proteger el ambiente...

Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder, acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman como indispensables para transformar las sociedades.Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia represiva y política.

En estas economías extractivistas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.

Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana), aparecen en escena los diversos grupos de poder, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

Todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción. Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza justicia, cogobierno, equidad, etc.), y de desplazarlos democráticamente del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo. Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo. Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obra de infraestructura.

En definitiva, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.

Esta es una gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de

valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.

garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial.

Del extractivismo colonial al extractivismo del siglo XXI

Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos

Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.

Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.

Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.

Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una

muestra de esta aseveración.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantes

Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernos

de la modalidad de acumulación extractivista.

Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.

Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos

En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos

procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y

sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.

En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.

Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países.

Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir

de la trampa del extractivismo es indispensable.-

1Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea

2

International Studies, University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la violencia petrolera en Nigeria y

Ecuador.

 3Acosta, Alberto; La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, 2009. Disponible en

http://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf

portal

Bebbington, MariastellaSvampa, entre otras personas.

Sobre este tema se pueden encontrar en el mismohttp://www.extractivismo.com/ aportes valiosos de Eduardo Gudynas, JürgenSchuldt, HumphreysBebbington y A.J.

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represión.

Hay que recordar que la Asamblea Constituyente, al año siguiente, otorgó la amnistía para las personas víctimas de dicha

Watts,Michael J.;; “Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and politicalecology”, WorkingPapers, Institute of

Constituyente y asambleísta constituyente.

progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.progresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.progresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razónreconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructuralesprogresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”de partelos gobernantes progresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).Loja, 30 de septiembre del 2011

Naturaleza e incluso a la sociedad. la maldición de la abundancia”3: ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?

(1999)2

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Conservación privada en la Amazonia

Conservación Privada en la Amazonía 

Autor: 

Edwin Zarco Nieva

Sociólogo 

Master en Estudios Amazónicos

Cursando Master en Economía – Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

En la amazonía sudamericana actualmente existe diversas área naturales protegidas (ANP) que en su mayoría son administradas y gestionadas por el Estado. Estas ANP tienen como objetivo, preservar y proteger la biodiversidad biológica de amenazas como la deforestación, ampliación de tierras agrícolas, entre otro aspectos. Sin embargo, muchas de estas áreas no cumplen con su objetivo, ya que en su mayoría las áreas son demasiado extensas y los Estados no tiene la capacidad (recursos humanos y financieros), el interés y los incentivos para proteger correctamente las ANP. 

En ese sentido, muchas de estas áreas quedan como simples enunciados en documentos y mapas, siendo muy pocos los casos donde en verdad los Estados cumplen con el objetivo de conservación de la naturaleza amazónica. Sin embargo, frente a esta realidad, la iniciativa privada ha empezado a promover iniciativas de conservación mucho mas viables que constituye una opción importante para cumplir de una manera más eficiente y empresarial con la conservación de la biodiversidad amazónica. 

Considerando la iniciativa de la conservación privada en la Amazonía, el presente trabajo tiene como objetivo analizar de manera general esta iniciativa con el propósito de visualizar lo ineficiente que puede ser la intervención del Estado en esta campo, y lo eficiente que puede constituir la iniciativa privada como una mejor opción para  conservar la diversidad biológica de cierta áreas de la amazónica.

Para empezar, es importante tener en cuenta que la Amazonía comparte el territorio de nueve países, entre los que se encuentran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana  Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que en conjunto, agrupan más de 13,7 millones de kilómetros cuadrados de bosques que albergan especies endémicas, una alta diversidad biológica y ecosistemas que prestan importantes servicios ambientales a la población local y mundial.

                                                

El elemento principal de la conservación privada es su carácter voluntario (el propietario decide sobre esa opción) , sin embargo, existen algunas excepciones, como el caso de Brasil donde hay normas obligatorias para la conservación, pero acompañadas de mecanismos creativos que fomentan la conservación privada. Por otro lado,  en el Perú debido a que la mayor parte de tierras son públicas, se está impulsando la conservación privadas en tierras del estado, mediante mecanismos e incentivos que atraen a empresarios, organizaciones y comunidades. A pesar de esas variantes, las principales características de la conservación privada se resumen en el siguiente cuadro:

                 Cuadro 1:

Características principales de la reservas privadas

Se reconocen sobre predios de propiedad privada (incluidos los comunales) El propietario decide de manera voluntaria establecer restricciones de uso con fines de conservación Las restricciones pueden ser inscritas como cargas en los registros públicos correspondientes, de modo que se mantengan aunque el predio sea trasferido a un nuevo titular. Pueden ser temporales o perpetuas, según la legislación

                    Fuente: Conservación privada y comunitaria en los países amazónicos

Empecemos a analizar el caso de la conservación privada partiendo de dos de sus principales características, la primera, que indica que las áreas de conservación privada se reconocen sobre predios de propiedad “privada”, y en segundo lugar, la característica de que es el propietario quién decide de manera voluntaria establecer las restricciones de uso en su propiedad. 

Estas dos primeras características, constituyen elementos fundamentales para el éxito de la conservación privada, ya que parten de la iniciativa de los individuos, que en base a su función empresarial, reconocen una oportunidad de ganancia que esta directamente relacionada a la conservación de la biodiversidad amazónica. A diferencia de la administración del Estado, los individuos que impulsan la conservación privada, tiene muchas más ventajas para conservar un área, debido a que disponen de un elemento fundamental: “el derecho de propiedad”, lo cual les proporciona una seguridad para poder realizar sus proyectos de conservación y sentir que cualquier resultado que consigan les beneficiará a ellos, convirtiéndose ese resultado en un incentivo que está netamente relacionado al derecho de propiedad, que crea una relación estrecha entre el propietario y el área destinada para la conservación.

Por lo contrario, si no existe ese derecho de propiedad, cualquier individuo, comunidad u organización no tendrá la base o elemento fundamental de estímulo para poder desarrollar su empresarialidad, que consiste en la capacidad típicamente humana para crear y descubrir continuamente nuevos fines y medios. De acuerdo a esta concepción, los recursos nunca están dados, sino que tanto lo fines como los medios son continuamente ideados y concebidos ex novo por los empresarios, siempre deseosos de alcanzar nuevos objetivos que ellos descubren que tienen mayor valor.  En ese sentido, la empresarialidad se convierte en la capacidad creativa y coordinadora que los individuos desarrollan cuando disponen de la propiedad privada, por esa razón, la conservación privada se convierte en una iniciativa creativa que parte de los propios individuos y que a la vez proporciona una opción viable de conservación de la naturaleza amazónica. 

Considerando la relevancia de la propiedad privada, no se debe perder de vista que los empresarios ya interesados en la conservación privada pueden desarrollar dentro de ese marco, otras opciones o propuestas innovadoras (turismo, investigación, etc.) que permitirían lograr una relación Empresa-Conservación, que de lejos es mucho mas eficaz que la ineficiente administración estatal de las áreas naturales protegidas. 

Al respecto el profesor Jesús Huerta de Soto nos menciona lo siguiente:

“Cuando los recursos naturales son propiedad privada y los correspondientes derechos de propiedad están bien definidos, protegidos institucionalmente, y son fácilmente transmisibles, las decisiones económicas en relación con los Recursos se encuentran descentralizadas. En este caso, la asignación de los recursos y la coordinación entre los diferentes y múltiples planes individuales relativos a los mismos se efectúa a través del mercado. La idea mas importante a señalar es que, en esta situación, los propietarios poseen tanto la Información que necesitan para llevar a cabo una eficiente asignación de los recursos como el incentivo o estímulo necesario para gestionar tales recursos de forma eficiente en beneficio de los consumidores, igualmente, los consumidores que han de pagar por los recursos naturales que utilizan se aprovechan de la información que conlleva los precios de los mismos y pueden asignar de forma más eficiente se renta en función de la escala valorativa que consideran más adecuada y manifiesten en cada elección”

Teniendo en cuenta este punto, podemos apreciar que los derechos de propiedad bien definidos permiten obtener dos aspectos fundamentales, la información y los incentivos, en ese sentido, cuando los conservacionistas manifiestan que la opción de la conservación privada es interesante y adecuada como alternativa para proteger la naturaleza amazónica, está no debe quedarse en el discurso, y sobre todo, los conservacionista deben entender y tener claro, que solo la conservación privada tendrá éxito si los empresarios o propietarios pueden disponer de información e incentivos para poder establecer propuestas de conservación acordes a la acción empresarial, que se proyectarán en productos con un determinado valor expresado en precios. Este resultado solo se logrará si los derechos de propiedad son claros.

Además, es importante que el propietario o empresario de la conservación disponga de cierta libertad de actuación y una mínima intervención del estado, que solo debe limitarse a garantizar los derechos de propiedad y a tratar de alejarse de propuestas que busquen intervenir o regular la conservación de la naturaleza amazónica, ya que lo único que lograrán, si es que impulsan su afán regulador, es empeorar o bloquear la capacidad creadora de los empresarios y directamente la capacidad que estos deben mantener para desenvolverse en el mercado. Por esa razón, no se debe perder de vista que la conservación privada como veremos en la mayoría de los casos de los siete países amazónicos, partió de una iniciativa de la sociedad civil, o mejor dicho, de los individuos, y está característica no se debe perder de vista, o peor aún, no debe ser alterada con esa ineficiencia que caracteriza a la función pública o al estado, por la sencilla razón de que la naturaleza del sector público tiene un concepto totalmente diferente de precios e incentivos, que conjuntamente con los mínimos recursos financieros y humanos que tiene en materia de conservación de la naturaleza, ocasionará una seudo protección de las área naturales amazónicas, totalmente distante de propuestas creativas y eficientemente empresariales. 

Al respecto Terry L. Anderson y Donald R. Leal nos indican lo siguiente:

“En el sector privado hay eficiencia porqué esta influye en los beneficios, en el sector público, precios e incentivos son a menudo cosas muy diferentes. Los administradores de los recursos públicos eligen alternativas en términos de competencia política medida como cuantía del apoyo que les prestan los intereses especiales; en el mejor de los casos, esta unidad de cuenta proporciona medidas imprecisas acerca de los valores subjetivos ciudadanos. La estructura de los incentivos en el sector político es complicada, porque la línea básica depende del proceso electoral, en el que el tema son los votos, no la eficiencia.…La propiedad privada proporciona a sus propietarios información e incentivos para medir la calidad. En el sector público, en cambio, faltan tanto la información como los incentivos”. 

Antes de realizar un respectivo análisis de las iniciativas de conservación privada en la amazonía, en base a los descrito hasta ahora, es imprescindible efectuar un recorrido general por la experiencia de la conservación privada en los siete países amazónicos, para esto hemos acudido a la información propuesta en el libro “Conservación privada y comunitaria en los países amazónicos” editado el 2009 por Bruno Monteferri y Diego Coll de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Brasil: 

Fue el pionero en la reglamentación de áreas privadas. El Código Forestal Brasileño, aprobado por el Decreto Federal 23.793, del 23 de enero de 1934, regulaba, entre otras acciones, el establecimiento de áreas protegidas privadas, las cuales tenían como objetivo la protección de la flora y la fauna silvestre.

Estas áreas de conservación privada se conocen como reservas privadas de patrimonio nacional – RPPN y exigen un mayor compromiso del propietario debido a las restricciones de uso que la caracterizan y al hecho de ser perpetuas, son áreas intangibles, forman parte del sistema de áreas naturales protegidas y pueden ser declaradas tanto por el gobierno federal como por los estados. Se debe de tener en cuenta que está categoría de conservación privada permanece bajo el dominio de sus propietarios y a manera de incentivo el estado les concede la exoneración del impuesto a la tenencia de tierras.  

Se tiene un marco legal bastante detallado, con una fuerte participación del estado en sus diferentes niveles, al respecto, se quiso flexibilizar su condición, pero los mismo propietarios estuvieron en desacuerdo (Confederación Nacional de Propietarios de RPPN) 

Venezuela: 

Aproximadamente inicia desde los años ochenta, cuando varios propietarios de predios de grandes extensiones, fueron desarrollando iniciativas de conservación en sus propiedades, pasando algunas a convertirse en reservas naturales a pesar que no existía una figura legal sobre este punto específico. Actualmente su marco legal está en fase de consolidación

Colombia: 

En 1993, la Ley 99 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 1996, establecieron el derecho a conformar reservas naturales de la sociedad civil, siendo está ley a diferencia del Brasil, escasa en material de conservación privada y con menor intervención estatal. 

Es importante resaltar que los casos de conservación privada en Colombia, parten de una iniciativa privada, o del impulso de los propietarios por conservar elementos de la diversidad biológica sin contar con el apoyo o reconocimiento del Estado. Es decir, está desprovista del carácter público. 

Lo interesante de estas iniciativas privadas que se conocen como reservas naturales de la sociedad civil, es que cuentan con el respaldo de la sociedad civil, estableciendo redes que viene impulsando la conservación privada como proyecto de vida. Incluso se generó cierta tención entre el Estado y la Sociedad Civil, cuando el decreto 1996 de 1999 dispuso que las reservas debían registrarse ante la Unidad de Parques. Esa tención se originó porque los propietario no quería exponer en público los datos correspondientes a sus áreas, ya que eso implicaba estar expuesto a la violencia armada que se vive en Colombia. Sin embargo, ahora existe un registro del Estado, pero con reglas estrictas de protección de la información. 

Ecuador: 

Tiene la declaración de bosques protectores que data 1981, pero en el no se precisan aspectos sobre la conservación privada, por esa los propietarios se han visto en la necesidad de realizar acuerdos voluntarios o recurrir a figuras contempladas en la legislación forestal y civil debido a la falta de reglamentación de las reservas privadas. 

Estas iniciativas de conservación se conocen como reservas privadas (denominación dado por los propietarios), aún no hay una reglamentación, sin embargo, ya se viene elaborando un marco legal específico para el establecimiento y gestión de las reservas privadas, como parte del sistema de áreas naturales protegidas al igual que Brasil, Colombia y Perú. 

Bolivia:

Los usuarios se han visto en la necesidad de realizar acuerdos voluntarios o recurrir a figuras contempladas en la legislación forestal y civil debido a la falta de reglamentación sobre conservación privadas. 

Las iniciativas impulsadas por los propietarios se conocen como reserva privada de patrimonio nacional – RPPN y por el momento se amparan en la legislación forestal, constituyéndose como una servidumbre ecológica voluntaria establecida por el propietario. Al respecto, se debe precisar que las políticas gubernamentales actuales en Bolivia no están priorizando la conservación privada. 

Perú: 

La primera norma que desarrollo figuras para la conservación privadas fue la ley de áreas naturales protegidas de 1997, que tiene como objetivo impulsar la participación de los privados en materia de conservación. Al respecto, se debe de tener en cuenta que en el Perú existen dos casos especiales únicas en su género, que son la figuras de Concesiones para ecoturismo y las concesiones para conservación, ya que se dan sobre tierras de dominio público. Ocurre que en el Perú, a diferencia de los demás países sudamericanos, la mayor parte del territorio aun está bajo régimen de propiedad pública. Se calculo que solo el 40% del territorio del Perú está bajo propiedad privada sea individual o colectiva.

Estas iniciativas de conservación, en el Perú se conocen como áreas de conservación privada, pero en la práctica 60% de estas corresponden a predios comunales. A octubre del 2009, en el Perú se habían otorgado veintiocho concesiones para ecoturismo y diecisiete concesiones para conservación sobre una superficie que supera las 700 mil hectarias.  

Suriman: 

Solo el estado puede establecer áreas protegidas. A pesar de que el marco legal del Sistema de Áreas Naturales Protegidas data de 1950, la reticencia a incorporar nuevos paradigmas de conservación y las capacidades limitadas de las instituciones responsables de las áreas naturales protegidas dificultan la promoción de la conservación privada como parte de las estrategias de conservación. 

Guyana: 

La mayor parte de la tierra se encuentra bajo propiedad y control estatal, tradicionalmente ha habido muy poco espacio para iniciativas privadas de la conservación de la diversidad en tierras estatales. Esta situación cambio en el año 2006, cuando el acta Amerindia entro en vigencia, ya que esta garantiza los derechos de propiedad indígena y crea un sistema interno de autogobernabilidad para las comunidades indígenas. 

Guayana Francesa: 

No hay una figura legal para la conservación privada. Los propietarios tienen la opción de proponer a las autoridades competentes la creación de áreas naturales protegidas o recurrir a acuerdos civiles, pero no constituyen una medida de protección legal frente a terceros. Solo el 10% de la superficie del territorio se encuentra bajo el régimen de propiedad privada. 

Cuadro 2: Hitos normativos relacionados a la conservación privada

Fuente: Conservación privada y comunitaria en los países amazónicos

Como hemos visto en los casos de los siete países amazónicos, las iniciativas sobre conservación privada en su mayoría parten del impulso privado, a pesar que no hay normas específicas sobre el tema, o si las hay, son normas generales donde el papel de los privados a dinamizado la situación inerte que puede caracterizar a una norma, si ésta no se ajusta a la realidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es notorio como los individuos empezaron a promover la conservación privada a pesar que existía una legislación muy general (ley 99) que no reglamentaba específicamente este tipo de iniciativas, sobre esta experiencia, se debe resaltar que los principales impulsores de la conservación privada han sido propietarios de fincas, productores de café orgánico, que han encontrado en la conservación privada un sello que distingue sus productos y les da un valor agregado en el mercado.  

Al respecto, podemos sostener que es más que evidente que el caso de Colombia es un ejemplo donde los derechos de propiedad sumados a los incentivos (producción de café)  generan una opción empresarial que directamente está asociada a la conservar de un área natural, que a la vez, le proporciona al producto “café” una distinción o plus que pueden ser un factor competitivo en el mercado nacional e internacional. Esta es una evidencia que cuando los empresarios tienen la libertad de actuar, o mejor dicho, el Estado nos les agobia con regulaciones o reglamentos (escasa intervención estatal), la creatividad y coordinación privada generan resultados eficientes. 

En el caso de Venezuela como pudimos apreciar, la conservación privada parte netamente de la propietarios de predios extensos, sin la necesidad de reglamentos o leyes Estatales, prueba de esto, es que las iniciativas privadas de conservación comienzan en los años ochenta, y es solamente en el año 2006, cuando recién el Estado establece la ley orgánica del ambiente que contempla las áreas privadas de conservación, pero que hasta ahora adolece de su reglamento lo cual hace inaplicable la ley.  

Como podemos apreciar, este es otro ejemplo que demuestra que la conservación privada está siendo motivada por los propietarios o empresarios privados quienes están expresando que en el campo de la conservación existe una oportunidad de ganancia, y eso debe ser debidamente rescatado por los conservacionistas, como una alternativa de protección de la naturaleza amazónica, pero no se debe perder de vista o tener en claro, que estas iniciativas pueden muy bien funcionar sin la intervención del estado, que como mencioné anteriormente solo se debe dedicar a garantizar los derechos de propiedad, ya que de lo contrario alterar la eficiencia de los empresarios para crear alternativas acordes con la empresa y la conservación. 

En el caso de Ecuador, sucede algo similar, son los propietarios impulsados por su interés en la conservación de la naturaleza que han tenido que realizar acuerdos voluntarios o recurrir a otras figuras legales para dar base a sus iniciativas de conservación, ya que la ley de bosques protectores de 1981 no precisa aspectos sobre la conservación privada. Si analizamos este punto, nos damos cuenta que el estado en su afán de conservación que data del año 1981 ni si quiera opto o se imagino que la conservación privada sería una buena opción, esto quiere decir o demuestra, que los incentivos o la información que maneja el Estado es totalmente lenta y desproporcionada con lo que ocurre en la realidad, en ese sentido, se debe empezar a dar mayor entrada a la iniciativas privadas que si tiene una relación más intima con su entorno y que sumado a los derechos de propiedad, puede generar mejores propuestas sobre conservación. Si esperamos que el Estado ocupe el rol protagónico en esta campo, es seguro que el desarrollo de la conservación o protección de la naturaleza amazónica será demasiado lento, ocasionando un deterioro que afectará directamente a los individuos que se relacionan con esos espacios naturales, y que por lo contrario, no ocasionarán el menor daño a los políticos de turno que solo están en sus puestos por un corto periodo. 

Lo mismo que ocurre en Ecuador, sucede en el caso de Bolivia, son los propietarios que se han visto en la necesidad de realizar acuerdos voluntarios o recurrir a figuras legislativas, que de una u otra manera puedan garantizar sus iniciativas de conservación privada, ya que no existe una reglamentación precisa sobre este campo. Pero fuera de esta realidad, lo más perjudicial es que la actual política de gobierno de Bolivia no impulsa estas iniciativas, todo lo contrario, las cuestiona por tener el carácter privado, ya que la actual política impulsa las iniciativas “comunales” donde el estado tiene un rol fundamental. Esta actitud como era de esperarse, está haciendo retroceder a mucha de las iniciativas de los propietarios privados, que por el temor al cuestionamiento de su propiedad, prefieren no meterse en temas que pueden poner en vulnerabilidad sus derechos de propiedad. Como vemos, este es un ejemplo contundente que en ciertos países como Bolivia, donde predomina esa ideología nacionalista o socialista, las iniciativas privadas están siendo relegadas, aspecto que a la larga solo detendrán propuestas innovadoras para la protección de ciertos espacios naturales de a amazonía Boliviana. 

Algo similar al caso Bolivia sucede en Suriman, donde solo el Estado puede establecer áreas protegidas, y lo peor de todo, es que el Estado se niega a impulsar iniciativas de conservación privada, considerándolas expresiones que no se amoldan a los mecanismos tradicionales de gestión de la naturaleza. Esto solo demuestra, que la principal traba para que los iniciativas de conservación privada no progresen partirán en su mayoría de trabas Estatales. Al respecto, todos los interesados en la conservación de la naturaleza amazónica debe hacer el esfuerzo por cambiar ese paradigma negativo que indica que el Estado debe tener un rol protagónico en la conservación; al respecto no puede habar nada mas vacío de creer que el Estado será capaz de garantizar esa conservación, lo mejor que podría hacer el estado es definir derechos de propiedad claros y luego garantizarlos, para que en ese marco los empresarios o propietarios puedan ejercer la función empresarial o esa innata capacidad de descubrir la oportunidades de ganancia, cualquier otra intervención estatal lo único que logrará será distorsionar la iniciativa privada. 

En el caso de Guyana, como se indicó el mayor porcentaje de tierras son estatales, y esto sumado a la nula iniciativa del Estado por promover propuesta de conservación privada, y la promoción de incentivos tributarios para expandir la agricultura, trajo como resultado un nivel mínimo de áreas de conservación privada. Sin embargo, luego del acta Amerindia que garantiza los derechos de propiedad para los Indígenas, solo queda esperar que los indígenas impulsen (mediante su creatividad y coordinación) determinadas iniciativas o propuestas de conservación privada que generen dos resultados: la conservación de espacios naturales amazónicos y que a la vez le proporcionen beneficios económicos a los indígenas de esa región, esto sobre todo, porque mediante el acta Amerindia, el Estado no puede intervenir en el territorio sin la autorización de la asamblea general del pueblo, esas comunidades tienen el control sobre los recursos financieros.

Por otro lado, en el caso de Guayana Francesa, en el año 2002 se elimina la figura de la reserva natural voluntaria, y eso sumando a que solo el 10% del territorio se encuentra bajo régimen de propiedad privada, dificultad el camino para que los pocos propietarios privados puedan impulsar iniciativas de conservación. Sin embargo, a pesar de que existen esas trabas, que para variar vienen del Estado ineficiente, los empresarios o propietarios tienen que recurrir a acuerdos civiles o buscar alguna base legal civil para garantizar su iniciativa de conservación. De esta experiencia podemos rescatar que la conservación privada se viene convirtiendo en una opción interesante para los propietarios o empresarios, ya que a pesar de todas las dificultades que existen, siguen perdurando algunas iniciativas, y eso solo nos demuestra que si el Estado tendría un rol menos regulador, y por lo contrario, sería un Estado impulsor de las alternativas privadas, creo que las propuestas de conservación privada crecerían y con ello también se consolidaría una alternativa más eficiente de conservación de la naturaleza amazónica. 

Finalmente hay dos casos peculiares sobre conservación privada, y son el caso de Brasil y Perú, digo peculiares, porque en estos casos la intervención del Estado es mayor, en el sentido que impulsa las propuestas de conservación privada y que hasta la fecha no se ha convertido en un freno o traba a este tipo de iniciativa, sin embargo, la reflexión sobre este punto es que no siempre debemos confiar en el accionar estatal y siempre debemos estar atentos a que estas acciones estatales no excedan esos límites que directamente pueden distorsionar o detener el impulso de los organismos privados en materia de conservación. Mas adelante dejaremos en claro algunas reflexiones sobre la intervención estatal que deben tomarse en cuenta en el camino que se viene avanzando en materia de conservación privada en los países amazónicos. 

Sobre el caso de Brasil, como vimos anteriormente se rescata el hecho que es el pionero en el impulso de áreas de conservación privadas, mediante el código forestal de 1934, que obliga a reservar determinadas áreas a la conservación privada, pero que sin embargo, El estado les concede a los propietarios la libertad para que estos de manera voluntaria gestionen el área con actividades productivas que armonicen con la conservación. En ese sentido, los propietarios están impulsando iniciativas interesantes de producción que en cierta forma no logran una conservación estricta, pero si por lo menos protegen la fragmentación de paisajes. Por ejemplo, uno de los incentivos que tiene los productores es armonizar la conservación privada con la producción agropecuaria y agroforestal, además, por la grandes extensiones de tierra dedicadas a la conservación privada la exoneración del pago sobre la tenencia de tierras ha sido un aliciente que ha beneficiado a los empresarios dedicados a la conservación privada. 

Sobre el caso del Perú, como hemos visto anteriormente las iniciativas de conservación privada están legisladas bajo la ley de áreas naturales protegidas de 1997, lo más resaltante es que el impulso de las iniciativas privadas se están haciendo sobre tierras públicas, es decir el Estado no está poniendo ninguna traba como en el caso de Suriman o Bolivia, al respecto se debe de tener en cuenta que el 60 % del territorio del Perú es de propiedad del Estado, especialmente la región correspondiente a la amazonía. En ese sentido, si bien aún no se han asignados derechos de propiedad totalmente definidos, ya se está dando un paso significativo con la modalidad de concesiones de ecoturismo y conservación que finalmente buscan la consolidación del derecho de propiedad. Este impulso que abre las puertas a la inversión privada, está dando resultados muy interesantes, sobre todo, en el campo del ecoturismo que se está convirtiendo en uno de las opciones empresariales más lucrativas y atractivas acordes con la conservación de la naturaleza amazónica, que finalmente no solo están repercutiendo positivamente en la población local, sino que además, se están convirtiendo en lugares de gran afluencia de turistas extranjeros dispuestos a pagar altas sumas de dinero por aprovechar un momento de descanso, con excelentes comodidades y rodeado de una naturaleza espectacular.

Conclusión

Finalmente quiero concluir el presente trabajo dejando en claro que la conservación privada de espacios naturales de la amazonía, es una opción mucho más eficiente frente a la conservación que viene realizando el Estado, por las siguientes razones: el Estado no tiene los incentivos y la información real para poder gestionar este tipo de áreas, ya que, sus incentivos solo responde a temas políticos y de coyuntura; y en el caso de la información, está no llega a tiempo a los tomadores de decisión, desvirtuando el análisis que los funcionarios puedan hacer con ella. Por lo contrario, en el caso de la conservación privada impulsada por los propietarios o empresarios como hemos visto en los diferentes casos descritos, la situación se torna diferente, ya que estos individuos, al tener derechos de propiedad bien definidos y al tener un contacto directo con el mercado, pueden disponer de los incentivos e información real, para tomar decisiones coherentes que impulsen propuestas empresariales creativas que armonicen la conservación de la naturaleza amazónica con la producción económica.

En ese sentido, el rol del estado en materia de conservación de la naturaleza, debe enfocarse solamente en definir los derechos de propiedad, más que en tratar de crear propuestas de gestión, que tarde o temprano caerán en el olvido o la nula aplicación. Por otro lado, en relación a la ola que vienen apareciendo de iniciativas de conservación privada en la amazonía, los conservacionistas y los amantes de la naturaleza, deben desterrar de sus concepciones, ese paradigma de que es el Estado el que tiene que tener un rol protagónico, y por lo contrario deben enfocar sus esfuerzos en tratar de impulsar la definición de los derechos de propiedad y una mayor intervención de iniciativas privadas. Ya es hora de excluir esa imagen del Estado “protector de la naturaleza”, que lo único que a logrado en la mayoría de los casos, es generar externalidades negativas basadas en el afán de aumentar las áreas protegidas sin pensar en como las iba a gestionar, este afán ha creado grandes extensiones de áreas o territorio, que solo son vistas con éxito en los mapas o en esos planes públicos de gestión, y que en la práctica al ser un bien común, caen en esa tragedia de bies comunes “donde lo que es de todos, es de nadie”, y que viene deteriorando espacios de alto valor biológico y natural. Solo me queda decir que la tarea actual no radica en seguir promoviendo la intervención del estado ineficiente, sino por lo contrario,  buscar en lo posible que funcione el mercado, mediante la promoción de iniciativas privadas lideradas por propietarios que en base a sus derechos de propiedad, puedan ejercer la función empresarial que el único elemento que descubrir alternativas creativas a la conservación de la naturaleza amazónica. 

Bibliografía 

Bruno Monteferri y Diego Coll, “Conservación Privada y Comunitaria en los Países Amazónicos”, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009

Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función empresarial. Cuarta Edición, Unión Editorial.

Jesús Huerta de Soto, Artículos Capitulo XX Ecología de Mercado, Capítulo XXI Derechos de Propiedad y Gestión Privada de los Recursos de la Naturaleza, “Estudios de Economía Política”, Unión Editorial, 1994

Terry L. Anderson, “Ecología de Mercado”, Unión editorial, 1993 

  

 Bruno Monteferri y Diego Coll (editores),  “Conservación privada y comunitaria en los países amazónicos” – pp. 15, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009

 Función empresarial: es la innata capacidad de todo ser humano para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Concepto tomado del libro Socialismo Cálculo Económico y Función Empresarial del profesor Jesús Huerta de Soto. Cuarta edición Unión Editorial

 Jesús Huerta de Soto, artículo “Derechos de propiedad y gestión privada de los recursos de la naturaleza, capítulo XXI, Estudios de Economía Política, segunda edición.

 Terry L. Anderson y Donald R. Leal, “Ecología de Mercado”, Unión Editorial, 1993